Mujeres Empoderadas y Libres de Violencias

Demográficamente las mujeres representan en el país alrededor del 52% de la población. En número son la mayoría, pero las más excluidas de las oportunidades y beneficios para mejorar la calidad de vida. Las brechas en la igualdad de género son notorias. El analfabetismo en mujeres representa el 48%, contra el 25% en los hombres y el acceso a la salud es ineficiente en especial la salud sexual y reproductiva.

El cierre de espacios para mujeres en puestos de dirección y decisión política se da desde la escala más alta, hasta las estructuras organizativas comunitarias. Dos hombres ocupan la dirigencia del organismo Ejecutivo ninguna mujer encabeza ministerios. En el Organismo Legislativo para la novena legislatura hay 31 mujeres, que representa un 19.38% con relación a los hombres.

Las alcaldías municipales son ocupadas por 11 mujeres, que representa un 3.2% con relación a los hombres. En un reciente estudio realizado por FUNDEBASE en el municipio de San José Poaquil, dio como resultado que menos del 10% de las mujeres conocen sobre sus derechos y la exigibilidad y ejercicio no alcance el 1%.

Son urgentes acciones en promoción del conocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres, empezando con las mujeres organizadas con trascendencia a las mujeres no organizadas; esto significa no solo el conocimiento, sino trazar una ruta que conduzca a la exigibilidad de su cumplimiento.

En un segundo proceso no menos importante se debe abordar el empoderamiento económico; considerando que, la dependencia económica de las mujeres hacia los hombres, es una de las principales causas de violencia.

En materia de atención a las violencias se deben agotar tres etapas:

1. Prevención de las violencias que significa sensibilizar a hombres y mujeres sobre el efecto negativo para las sociedades el ejercicio de la violencia machista, fortalecer la organización social para la defensa de los derechos y fomentar la cultura de denuncia;
2. Atención a víctimas de violencia y acceso a justicia, esto implica la generación de redes de protección que garantice seguridad a las mujeres y les brinde la asesoría y acompañamiento necesario para seguimiento de sus casos y;
3. Relacionamiento público con actores relacionados la justicia y los derechos de las mujeres para un trabajo jurídico y político, esto demanda establecer mecanismos de comunicación y coordinación con organismos y funcionarios públicos. para qué dentro de su función pública y signatarios de obligaciones, ejerzan los roles que les corresponde.