Organizaciones rechazan militarización de territorios declarados en Estado de Sitio

julio 20, 2020 11:36 am

Esta mañana fue interpuesta una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 13-2020 del Organismo Ejecutivo. 

La Asamblea Social y Popular (ASP) en conjunto con la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León (AEU) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) accionaron legalmente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que deje sin efecto el Decreto 13-2020 que dicta Estado de Sitio en los municipios de El Estor, Livingston y Morales –en Izabal–; y Santa Catalina La tinta y Panzós –en Alta Verapaz–. 

Por medio de un comunicado de prensa, las organizaciones manifestaron su rechazo a esa acción injustificada de militarización y de represión contra los pueblos Q’eqchi’ y Poqomchi de Guatemala. 

“Es injustificable suprimir derechos bajo la figura de Estado de Sitio habiendo establecido un Toque de Queda y un supuesto control y restricción de movilización interdepartamental, por lo que esta acción solo aporta a la completa vulneración de derechos humanos de las y los pobladores de estos municipios y crea un ambiente de total impunidad”, expresan las organizaciones. 

Además, resaltan el aval que la Cámara de Industria de Guatemala y la Gremial de Palmicultores de Guatemala mostraron el pasado fin de semana a esa medida del Ejecutivo, lo cual muestra las razones detrás de la publicación del Decreto.

“Es evidente que la imposición del Estado de sitio no busca el restablecimiento del orden y erradicación de actividades ilícitas, sino la adecuación de los objetivos productivos, comerciales y económicos de estos sectores en una región que lucha por salvar el Lago de Izabal de los efectos de la minería y defiende la madre tierra del embate de una agroindustria que depreda todo para su beneficio”, señala el comunicado. 

Las organizaciones también solicitaron al Congreso que impruebe el Estado de Sitio y garantice el respeto a los derechos humanos en los mencionados municipios. 

La acción legal también incluyó una solicitud para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicte medidas cautelares a favor de las comunidades afectadas por el Estado de Sitio. 

Redacción: Fundebase


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