“Debe declararse con lugar el amparo para que se restablezcan los derechos humanos vulnerados”

«Somos testigos de la ausencia del Estado en el campo. Nosotros hicimos más que el gobierno en la crisis, aunque siempre hemos estado al lado del Pueblo”, expresó Pedro Camajá, director ejecutivo de FUNDEBASE, durante la Vista Pública realizada por la denuncia que la institución hizo en contra del presidente Alejandro Giammattei.

En mayo de 2020, la Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base -FUNDEBASE, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de Giammattei, por vulnerar el derecho a la alimentación de las familias agricultoras afectadas por la crisis provocada por la pandemia COVID-19.

Para 2020, el Presupuesto de la Nación aprobado de 87,750 millones de quetzales, sufrió una ampliación de Q.20 mil millones. De dicho ajuste, destinado a financiar los 10 programas creados para atender la crisis, se ejecutaron Q.13,700 millones, 68%; el resto sirvió para el pago de la deuda pública y otros gastos no justificados, como promesas de campaña de Giammattei.

Otros programas como el de Apoyo al Sector Campesino, el Programa de reducción de la desnutrición Crónica y el Programa de prevención de mortalidad materna y neonatal, tampoco fueron desarrollados de manera transparente, carecieron de pertinencia cultural y no llegaron a la mayoría de población afectada.

“Vemos que las prioridades del Gobierno son otras, a los programas fundamentales se les restó presupuesto y hubo una baja y cuestionable ejecución.”, dijo Camajá, quien además enfatizó en que el gobierno “dejó fuera a la población más pobre del país”.

Según el director de FUNDEBASE, hay aproximadamente 1.5 millones de familias que se dedican a la agricultura familiar campesina, por lo que “a cada familia le tocó 33 quetzales. ¿se podrá llamar a esto ayuda, apoyo. Definitivamente no, no es apoyo”.

Camajá recordó que las organizaciones sociales están en el área rural y verificaron que la ayuda no llegó a las comunidades. “Llegamos a una buena parte de la población para fortalecer los sistemas de producción de alimentos, entregando semillas criollas y nativas, equipo básico de riego para establecer huertos de hortalizas y tener alimentación en tiempos de crisis”, explicó.

Finalmente, dijo que las organizaciones de sociedad civil tienen propuestas claras que parten de las experiencias campesinas. “Por eso rechazamos totalmente el imaginario del sector empresarial y el gobierno sobre la ineficiencia de la agricultura familiar campesina”, concluyó.

Por su parte, Juan Castro, abogado del Bufete de Pueblos Indígenas, estimó que dicho amparo debe declarase con lugar, “para que se restablezcan los derechos humanos vulnerados”, de lo contrario, se agudizará la crisis alimentaria en el país.

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