Asamblea Social y Popular pide a la CC que suspenda las reformas a la Ley de ONG

La máxima corte ya había otorgado un amparo provisional a las organizaciones que accionaron contra la normativa aprobada por el Congreso.

Las organizaciones que conforman la Asamblea Social y Popular (ASP) participaron esta mañana en la vista pública que la Corte de Constitucionalidad (CC) celebró previo a resolver en definitiva el amparo interpuesto contra el decreto 4-2020, que reforma la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC) y miembro de la ASP, se refirió al papel de las ONG desde la firma de los Acuerdos de Paz. Aseguró que el rol de las ONG ha sido fiscalizar y construir la democracia y desarrollo, y desempeñar el papel en suplir lo que el Estado no da a la ciudadanía, así como empujar el desarrollo productivo y rural de los pueblos del país.

Pascual agregó que las enmiendas a la Ley de ONG plantean falsamente que la normativa es para fiscalizar a las ONG, pero estas organizaciones tienen establecidas sus formas de fiscalización consistentes en entes financieros como la Unión Europea, el PNUD y diferentes países donantes y aseguró que todos los fondos pasan por la banca central y se entregan declaraciones juradas para esa fiscalización.

“No nos oponemos a una fiscalización sino a un control y sometimiento de formas de organización bajo el falso concepto de fiscalización de las ONG”, aseveró Pascual. 

El dirigente del CUC concluyó que si la Ley es aprobada “va a servir para criminalizar, perseguir y neutralizar nuestras formas de organización y para frenar la democracia y perseguir a líderes y lideresas”. 

Abogados de organizaciones como la Fundación Myrna Mack, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y las organizaciones de mujeres, jóvenes, sindicatos y de pueblos indígenas aglutinadas en la ASP se sumaron a la solicitud de declarar con lugar el amparo de forma definitiva y que se suspenda el decreto 4-2020, que aprueba las reformas a la Ley de ONG. 

El abogado Juan Jeremías Castro Girón comentó que la normativa atenta contra la democracia y corresponde a una estrategia del Pacto de Corruptos, ya que afecta a los focos que generan un contrapeso en el Congreso como la institución del PDH, la CC y las ONG. Además, explicó que el Decreto 4-2020 pone en manos del Ministerio de Gobernación para actuar con discrecionalidad contra las ONG y contraviene la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos suscritos en el país. 

Por su parte Rootman Pérez, representantes de la Fundación Myrna Mack, señaló que el Decreto 4-2020 fue aprobado de manera anómala, ya que los votos que recibió en el Hemiciclo legislativo no fueron suficientes para considerarse una mayoría calificada como lo ha establecido la CC en resoluciones históricas. 

Amparo previo 

El pasado 2 de marzo, la CC suspendió provisionalmente las reformas a la Ley de ONG decretadas por el Congreso y sancionadas por el presidente Alejandro Giammattei.

La suspensión a esa normativa fue avalada por los magistrados Bonerge Mejía, Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Neftaly Aldana; mientras que Dina Ochoa votó en contra y razonó su decisión.

La CC estableció en su resolución que el Decreto 4-2020 representa una amenaza de violación a los derechos humanos, por lo que frenó su entrada en vigencia. 

Redacción: Fundebase 

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